Protección de datos en las asesorías fiscales

Los asesores fiscales trabajan con en su día a día con grandes volúmenes de datos personales, por lo que deben estar al corriente de las principales obligaciones que establece el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que será aplicable el 25 de mayo de 2018, y que les afecta directamente.

Así, los asesores fiscales deberán tener presente algunas de las principales novedades que integra el RGPD y que serán de obligado cumplimiento para éstos:

• Principio de “Privacy by desing y privacy by default”: La privacidad se debe tener en cuenta en todos los casos y aplicaciones desde el diseño y por defecto.
• Principio de responsabilidad proactiva, debiendo el asesor fiscal aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento.
• Incluir la base legal sobre la que se desarrolla el tratamiento al proporcionar la información en el momento de recoger los datos de los interesados.
• Nuevos derechos como el derecho de portabilidad y el derecho al olvido, además de la minimización en la recogida de datos.
• Los titulares de los datos que se recaben y traten, deben prestar su consentimiento expreso.
• Obligación de demostrar que la asesoría fiscal ha recabado de la manera regulada el mencionado consentimiento.
• Designar un delegado de protección de datos para la asesoría fiscal, en caso de ser necesario en función del nivel de riesgo.
• Evaluaciones de Impacto a la Privacidad, en caso de ser necesario.

Por tanto, se deberá prestar especial atención al tipo de datos que son tratados, pues de ello dependerá la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto, así como de nombrar un Delegado de protección de datos para la asesoría fiscal, ya que podrían tratarse ficheros que incluyan datos de salud y/o datos relacionados con las aportaciones a partidos políticos y sindicatos.

En este sentido, las medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento del RGPD por las asesorías fiscales deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas.

Por último es importante destacar que el incumplimiento de estas exigencias puede suponer sanciones del 4% de las ventas anuales mundiales de la asesoría fiscal, o incluso de hasta 20 millones de euros.